Tuesday, October 20, 2020

¿Por qué detuvieron a Isabel Granado? APR MÉRIDA

 12 octubre, 2020 Tribuna Popular 



El predio El Trompillo en el municipio Alberto Adriani del estado Mérida, y la dirigente campesina y candidata parlamentaria Isabel Granado, han sido el centro de mucha atención en estos días tanto de parte de sectores del Estado y sus organismos de seguridad como de los movimientos progresistas que hacen vida en Venezuela y el mundo.

Más allá de caer en los detalles de las dos injustificadas, ilegales e irregulares detenciones de Granado por el FAES y el CONAS, el abuso que recibió, las amenazas de muerte, el maltrato de los funcionarios hacia su hija pequeña y su determinación de seguir, este articulo tiene como objeto dar a conocer la lucha que representa, la lucha que provocó tal reacción feroz por parte de sectores del Estado y la burguesía, y la lucha por la cual la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) con la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela (PCV) la está impulsando como candidata para este 6D.

La disputa por la tierra de la antigua hacienda San Miguel La Trinidad El Trompillo inició en el 2008, cuando el INTI la declaró tierra ociosa en conformidad con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA) en función de los bajos niveles productivos de sus 770 hectáreas. 
Esta declaración fue repetida en el 2010 con una nueva inspección por parte del gobierno, pero no fue hasta el 2018 que se inició el rescate del predio por solicitud del Consejo de Trabajadores de la Oficina Regional de Tierras Mérida. 

Ante esta coyuntura, el Consejo Campesino La Mano Poderosa de Dios, su coordinadora general Isabel Granado y otros movimientos campesinos que también hacen vida en el fundo San Miguel – El Trompillo, ingresaron al predio en mayo de 2019 con la finalidad de generar desde adentro la restitución de la justicia y la reactivación productiva de sus suelos en conformidad con los intereses y las leyes nacionales. Sin embargo, esta acción provocó una respuesta violenta por el histórico propietario Alejandro Bueno Castro y sus aliados pintados de rojo.

En lo que constituye un claro intento por parte del INTI de resolver el conflicto a favor del latifundista y no del pueblo, el predio fue violentamente irrumpido apenas 10 meses después por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y el Comando Nacional Antisecuestro (CONAS) en marzo de 2020. Ese día estuvieron presentes la Legisladora del Consejo Legislativo Regional Niloha Delgado y el Alcalde del sector Mezin Abou Assi, ambos del PSUV.  La irrupción del predio, que desalojó a más de 300 familias y destruyó de forma intencional todos los ciclos cortos que estaban en producción, fue realizada bajo el falso positivo de que había presencia paramilitar generalizada en el lugar, asumiendo este supuesto como verdadero sin el menor esfuerzo por demonstrar cualquier evidencia que respaldase tal información. 
Durante esta situación, con el pueblo humilde por un lado y la “burguesía revolucionaria” (en las palabras tan criticadas del Ministro de Producción Agrícola y Tierras) por el otro, el PCV Mérida se solidarizó de forma inmediata con los campesinos y campesinas. A unos días de la nueva situación, el PSUV Mérida promovió a la misma Niloha Delgado quien colaboró con la irrupción del predio, junto con unos representantes del GPPSB, para atender el predio sin mayores éxitos. 

Cuatro meses después, el INTI revocó su propia declaración de ociosidad e irregularmente otorgó la Certificación de Finca Productiva al presunto propietario, abriendo el camino hacia la devolución de la tierra a sus manos y la resolución de la contradicción a favor de la burguesía.

Con esta nueva arremetida contra el derecho a la tierra y considerando las claras intenciones del Ministerio de Producción Agrícola y Tierras y el INTI, el Consejo Campesino La Mano Poderosa de Dios, legalmente conformado con sus respectivas vocerías y en representación de 125 familias, ha venido retomando el predio. Actualmente, ocupa 238 hectáreas, de las cuales se ha logrado resembrar (desde la destrucción de la cosecha en marzo) casi el 50%. Hay aproximadamente 200 hectáreas ocupadas por los otros tres consejos campesinos que también están en producción con ciclos cortos, y 332 hectáreas ocupadas por el latifundista y sus trabajadores y trabajadoras.

Para visibilizar esta justa y aguerrida lucha, en septiembre del corriente, la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) con la tarjeta de Partido Comunista de Venezuela (PCV) reveló las candidaturas a la Asamblea Nacional que incluyen a la joven Isabel Granado (voto lista) y a la ingeniera agrónoma Nakary Pérez (circuito 1), quien viene ofreciendo asesoramiento técnico al Consejo Campesino desde hace más de una década. 

A pocos días después de dicho anuncio, se produce las ilegales detenciones de Granado, primero por el FAES y después por el CONAS. Claramente su candidatura ha molestado tanto al latifundista Bueno Castro como a quienes intentan arrebatarles la tierra silenciosamente.
La lucha por la tierra, en toda Venezuela pero en lo especifico en el estado Mérida, es una lucha que toca muchos intereses, entre ellos civiles, militares, políticos, pero más que todo económicos. Mientras algunos buscan tomar la tierra (o retomar) para enriquecerse de forma personal, el campesinado revolucionario busca es producir alimentos para el pueblo en estos momentos de crisis económica, garantizando el bienestar de un sector de la población históricamente golpeado y excluido.

Su lucha es una lucha de clases donde claramente se puede observar la relación dialéctica y las contradicciones que existen entre dos fuerzas antagónicas. Esta lleva al campesinado a enfrentar a la burguesía de forma directa, y como todo enfrentamiento con la burguesía, ha provocado una reacción violenta que se ha puesto en evidencia con las ilegales detenciones de Isabel Granado, pero que también se puede observar en miles de otros ejemplos en los últimos años, tal es el caso de Joaquín Monterrosa (dirigente campesino del cercano predio El Caimán detenido ilegalmente desde agosto en Mérida).

De igual modo se suma a estas violentas reacciones los desafortunados sicariatos ejecutados contra más de 300 dirigentes campesinos desde el 2013, incluyendo el impune asesinato de Luis Fajardo y Javier Aldana en Caño Rico (Sur del Lago)  con la complicidad de sectores del Estado. 

La lucha de los campesinos y campesinas expone la red interconectada de corrupt@s, politiquer@s, burócratas y reformistas, tantos civiles como militares, que buscan preservar la estructura burguesa y frenar el avance de una sociedad más justa.  De acuerdo al Ministro de Producción Agrícola y Tierras existen 10 millones de hectáreas no-productivas en el país, entonces, ¿para qué arremeter contra los campesinos y campesinas que sí están produciendo? ¿Será por miedo al ejemplo que ofrecen? Por último, revela la brecha entre la propaganda y las acciones de sectores del Estado. Mientras algunos “dirigentes” hablan de estimular la producción, defender al pobre o luchar contra los vicios, sus acciones demuestran lo contrario. ¿Dónde están los pronunciamientos estos “dirigentes” a favor de los pobres en El Trompillo, o será que su silencio revela más? Debido a estas razones, y muchas más, es que las fuerzas políticas que integramos la APR Mérida tomamos la decisión de impulsar la voz del pueblo humilde, del pueblo que suda todos los días en el campo y del pueblo que produce. Es hora de una salida revolucionaria a la crisis capitalista. Es hora de construir la esperanza.

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